Informe exhaustivo sobre el concepto de Lawfare a nivel mundial y su uso histórico

Raymond Orta Martinez, Abogado Espacialista en Derecho Procesal UCV

Introducción

El término lawfare (también traducido como guerra jurídica, persecución judicial, instrumentalización de la justicia o judicialización de la política) describe, en sus usos contemporáneos, la utilización estratégica —y en ocasiones abusiva— de normas, procedimientos e instituciones jurídicas para obtener objetivos políticos, militares, económicos o reputacionales, con efectos “de guerra” (neutralización, desgaste, disuasión, exclusión del adversario) sin recurrir necesariamente a la violencia física. En su acepción militar moderna, Charles J. Dunlap lo definió como “un método de guerra en el que el Derecho se usa como medio para realizar un objetivo militar”.

La investigación comparada muestra que no existe una definición única: lawfare es un concepto polisémico cuyo significado ha evolucionado desde su primera acuñación documentada (1975) hasta su expansión contemporánea a ámbitos no militares (política interna, corporaciones, regulación de la protesta, disciplina judicial, seguridad nacional). La literatura reciente lo conceptualiza como un instrumento multifacético basado en el Derecho, utilizable por una pluralidad de actores en contextos militares y no militares para perseguir objetivos políticos.

A partir de un conjunto comparado de 15 casos emblemáticos (3 por región: América Latina, Europa, África, Asia, Norteamérica), este informe identifica patrones recurrentes:

Vectores jurídico-procesales (prisión preventiva y medidas cautelares, competencia y juez natural, manipulación probatoria, restricciones de defensa, sanciones administrativas/inelegibilidad, congelamientos de bienes, leyes de seguridad nacional/antiterrorismo, desacato, difamación/racketeering-RICO, y regímenes disciplinarios contra jueces). Ejemplos normativos de facultades expansivas asociadas a seguridad nacional pueden observarse, p. ej., en las reglas de implementación del Artículo 43 de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong (medidas de búsqueda, restricción de viajes, congelamiento de bienes, interceptación de comunicaciones y exigencia de información).
Entornos institucionales habilitantes: debilitamiento de garantías de independencia judicial y presiones sobre operadores de justicia. Los estándares internacionales aplicables exigen que la independencia judicial sea garantizada por el Estado y que los jueces decidan sin “influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias”.
Dimensión comunicacional: el lawfare rara vez opera “solo en tribunales”; el efecto de neutralización suele amplificarse mediante campañas mediáticas, filtraciones o estigmatización pública, elevando el costo político y social del acusado incluso antes de sentencia firme (lo que tensiona presunción de inocencia y derecho a defensa).
Riesgos sistémicos: afectación de derechos humanos (debido proceso, libertad de expresión y asociación, participación política), erosión de separación de poderes y degradación del Estado de Derecho, además de impactos en política internacional (sanciones, litigios transnacionales, tribunales internacionales, condicionalidad financiera y disputas de legitimidad).

En cuanto a estrategias de prevención y respuesta, el informe propone un enfoque multinivel: (i) reformas legales (control estricto de prisión preventiva, límites a delitos vagos como sedición/seguridad nacional, reglas anti-SLAPP, transparencia en asignación de causas), (ii) prácticas judiciales (motivación reforzada, estándares probatorios, control de filtraciones y conflictos de interés, protección de juez natural), (iii) mecanismos de integridad institucional (consejos de la judicatura independientes, disciplina con debido proceso), y (iv) vías internacionales y sociedad civil (observación, litigio estratégico defensivo, medidas cautelares, órganos de tratados, campañas de estándares).

Definiciones, evolución histórica y genealogía del concepto

Definiciones académicas y de diccionarios en inglés y español

En el campo castrense-anglosajón, Dunlap formula una definición “clásica” en clave bélica: “lawfare describes a method of warfare where law is used as a means of realizing a military objective”.

La literatura contemporánea subraya la pluralidad semántica: Lawfare; New Trajectories in Law indica que el término evoluciona con su uso en distintas prácticas sociales y propone entenderlo como “a multifaceted law-based instrument” utilizable por actores estatales y no estatales en contextos militares y no militares para fines políticos.

En el plano lexicográfico actual (inglés), existen definiciones operativas centradas en el uso estratégico del litigio:

Collins English Dictionary: lawfare como “strategic use of legal proceedings to intimidate or hinder an opponent”.
Cambridge Dictionary: define lawfare como el “uso de acciones legales para causar problemas a un oponente” (formulación divulgativa, útil como criterio mínimo).

En español jurídico-divulgativo, se recomiendan equivalentes que reflejan el contenido funcional (p. ej., persecución judicial o instrumentalización de la justicia), y se cita que el Oxford English Dictionary lo vincula con acciones judiciales como parte de campañas contra un país o grupo (referido en medios y análisis).

Genealogía del término y evolución semántica

La genealogía más citada identifica una primera acuñación documentada en 1975: Carlson y Yeomans usan lawfare en un texto sobre mediación, con la idea de que “lawfare replaces warfare and the duel is with words rather than swords”, sin desarrollar una teoría sistemática.

Desde ahí, la evolución histórica puede resumirse en cuatro grandes desplazamientos:

Acuñación y “proto-uso” (1975): el término aparece como metáfora crítica del carácter adversarial del litigio, sin el contenido geopolítico posterior.
Incorporación a doctrinas de conflicto no convencional (finales del siglo XX): en debates de estrategia, se vuelve común pensar el “uso de herramientas legales” como parte de repertorios más amplios de confrontación. Textos sobre unrestricted warfare (guerra sin restricciones) se citan como un punto de consolidación del enfoque “más allá del combate cinético”.
Popularización militar moderna (2001): Dunlap introduce el término al debate sobre conflictos contemporáneos, donde el Derecho se percibe como espacio para erosionar la voluntad política del adversario y condicionar operaciones.
Expansión a política interna, derechos humanos y litigio corporativo (2010s–actualidad): el término se “civiliza” y se disputa. En América Latina, por ejemplo, lawfare se utiliza ampliamente para describir la supuesta persecución judicial de liderazgos políticos; en otros contextos, se aplica a demandas intimidatorias (SLAPP), a regímenes disciplinarios que controlan jueces, o a estrategias estatales de seguridad nacional que criminalizan disidencia.

Marcos teóricos y debates académicos

Taxonomías útiles para investigación comparada

A efectos analíticos (no ideológicos), este informe emplea una taxonomía funcional compatible con la literatura que insiste en la polisemia del concepto:

Lawfare geopolítico o de conflicto: uso del Derecho internacional, foros multilaterales, tribunales y narrativas jurídicas para alterar costos estratégicos del adversario (p. ej., detenciones, sanciones, jurisdicción, “cumplimiento selectivo” y disputa de legitimidad). Este enfoque conecta con la tradición militar (Dunlap).

Lawfare político-interno: instrumentalización de procesos penales, constitucionales o administrativos para excluir, inhabilitar o erosionar opositores, con apariencia de legalidad. Su discusión se ancla frecuentemente en garantías de juez imparcial, debido proceso y derechos políticos.

Lawfare corporativo y contra la sociedad civil: uso de litigios masivos o estratégicos (p. ej., difamación, RICO, desacato, medidas cautelares) para intimidar, desfinanciar o paralizar organizaciones (SLAPP y derivados).

Debates académicos principales

Debate de “concepto analítico” vs “etiqueta política”. Parte de la crítica sostiene que lawfare se usa como retórica para deslegitimar investigaciones legítimas, especialmente anticorrupción; otra corriente lo estudia como patrón verificable de irregularidades, selectividad y captura institucional. La literatura más útil para investigación empírica recomienda no tratar “lawfare” como veredicto, sino como hipótesis que exige evidencia: irregularidades procesales, desviación de poder, selectividad y coordinación extrajudicial.

Debate sobre la “independencia judicial” y su erosión reversible. Los estándares internacionales (ONU) subrayan que la independencia judicial es condición estructural del debido proceso; a su vez, la IACHR identifica obligaciones estatales específicas para proteger a operadores de justicia frente a presiones.

Debate sobre “seguridad nacional” y delitos de formulación abierta. En contextos de seguridad nacional, el lawfare puede tomar la forma de criminalización expansiva. La preocupación del Alto Comisionado de la ONU por el uso de leyes de seguridad nacional en Hong Kong muestra cómo marcos normativos pueden producir efectos de “enfriamiento” sobre libertades.

Metodología de investigación y criterios de selección de casos

Enfoque metodológico

Este informe utiliza un diseño cualitativo comparado (comparative case analysis) con triangulación de fuentes:

Fuentes primarias: sentencias, resoluciones judiciales, decisiones/veredictos, documentos oficiales (tribunales supremos, cortes internacionales, órganos de la ONU, UE). Ejemplos: decisiones del STF de Brasil sobre competencia/imparcialidad, decisiones del ICC, sentencias del TEDH (ECHR) y del TJUE (CJEU).
Informes de organismos internacionales y ONGs: ONU (OHCHR, Comités), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FIDH, organizaciones locales.
Prensa de referencia e investigación: utilizada como fuente contextual y cronológica, evitando “datos duros” no verificables cuando no hay respaldo documental. Ejemplos: cronologías y seguimiento de decisiones judiciales relevantes.

Criterios de selección de casos

Para evitar sesgo de confirmación, los casos fueron seleccionados bajo criterios explícitos:

Saliencia institucional y política: impacto verificable sobre competencia electoral, libertad personal, organización de poderes o relaciones internacionales (p. ej., inhabilitación, prisión, sanciones, reformas judiciales, procesos disciplinarios).

Disponibilidad de evidencia documental: existencia de decisiones judiciales, pronunciamientos de órganos internacionales o documentos oficiales (no solo denuncias políticas).

Comparabilidad regional: cada región incluye 2–3 casos con diversidad de mecanismo (penal/administrativo, seguridad nacional, litigio corporativo, control disciplinario del poder judicial, tribunales internacionales).

Neutralidad descriptiva: cuando el carácter de lawfare es controvertido, se presenta como alegación y se separa de hallazgos institucionales (p. ej., decisiones de imparcialidad, opiniones de detención arbitraria, condenas y recursos).

Análisis comparado por región con casos emblemáticos

Cronograma global del concepto y de los casos estudiados

1975Carlson   &   Yeomansacuñan   "lawfare"   enun   texto   sobremediación2001Dunlap   populariza   eluso   militarcontemporáneo   deltérmino2014ICCretirada   de   cargos   enKenyatta;   NorthDakota   (federal)litigiocorporativo-DAPLinicia2019Españasentencia   del"procés";   Canadáinjunction   CGL(Wet’suwet’en);Hong   Kongexpansión   de   marcosde   seguridad(pre-NSL)2020Hong   KongLey   de   SeguridadNacional;   India   yEgiptouso   intensivo   demarcos   deseguridad/ONGs;Ecuadorsentencia   Sobornos2021BrasilSTF   anula   condenasLula   porincompetencia   ydeclara   parcialidadde   Moro;   UE-TJUEintensifica   decisionessobre   disciplinajudicial   en   Polonia2022ONU-Comité   DDHHBrasil   violó   derechosde   Lula;   TurquíaConsejo   de   Europaactiva   procedimientode   infracción   porincumplimientoKavala2024FilipinasDe   Lima   absuelta   delúltimo   cargo;   Egiptocierre   anunciado   delCaso   173;   Canadácondenas/controversiaspor   desacatoWet’suwet’en2025ArgentinaCorte   Suprema   dejafirme   condena   en“Vialidad”;   EE.   UU.veredicto   yreducción   judicial   enEnergy   Transfer   vGreenpeace2026Intensificación   deldebate   global   sobreseguridad   nacional   yuso   estratégico   delDerecho(continuidades)Cronograma sintético: evolución del concepto y casos emblemáticos (siglo XX–actualidad)

Tabla comparativa consolidada de casos (muestra analítica)

Región	Caso	Actores clave	Instrumentos legales destacados	Resultado/estado (síntesis)	Fuente primaria o institucional principal
América Latina	Brasil: Lula / Lava Jato	STF; juez Sergio Moro; fiscalía; ONU-CDH	Competencia; imparcialidad judicial; privacidad; derechos políticos	STF confirma anulación por incompetencia y mantiene sospeición de Moro; ONU concluye violaciones de imparcialidad/privacidad/derechos políticos	STF noticias oficiales; ONU-CDH
América Latina	Argentina: “Vialidad” (CFK)	CSJN; TOF; Casación	Administración fraudulenta; inhabilitación	CSJN desestima queja y deja firme condena e inhabilitación	SAIJ / Pensamiento Penal
América Latina	Ecuador: “Sobornos 2012–2016” (Correa)	CNJ; Fiscalía; Procuraduría	Cohecho; reparación; ejecución/embargos	Sentencia dictada por CNJ; ejecución y medidas patrimoniales reportadas	CNJ; Procuraduría
Europa	Turquía: Kavala	TEDH; Comité de Ministros CoE; Turquía	Art. 5 y 18 CEDH; ejecución de sentencias	CoE inicia procedimiento por incumplimiento; caso símbolo de detención politizada	HUDOC; CoE
Europa	Turquía: Demirtaş (No.2)	TEDH	Detención; derechos políticos; Art. 18	TEDH analiza detención y contexto político	HUDOC
Europa	Polonia: régimen disciplinario judicial	TJUE; Comisión Europea	Cámara disciplinaria; control político; sanciones UE	TJUE declara incompatibilidad; medidas y multas coercitivas	EUR-Lex; Comisión
África	Kenia: ICC Kenyatta	CPI-ICC	Retiro de cargos; cooperación probatoria	Cámara acepta retiro de cargos	ICC
África	Kenia: ICC Ruto & Sang	CPI-ICC	Terminación sin perjuicio	Cámara termina el caso	ICC
África	Egipto: Caso 173/2011 (ONGs)	Poder judicial; ONG; Amnistía/EIPR	Investigación penal; prohibiciones de viaje; congelamiento de activos	Tras años, cierre anunciado; siguen disputas por restricciones residuales	Amnistía; EIPR
Asia	Hong Kong: Ley Seguridad Nacional y aplicación	HK/China; OHCHR	Seguridad nacional; medidas art. 43; condenas	OHCHR expresa preocupación por aplicación; penas severas	OHCHR; reglas art. 43
Asia	India: sedición (124A) y UAPA	SC India; NIA; HRW/AI	Suspensión operativa sedición; UAPA y restricciones de fianza	SC ordena mantener sedición en suspenso; HRW/AI denuncian abuso UAPA	Amnistía; HRW
Asia	Filipinas: Leila de Lima	WGAD; OHCHR; tribunales	Detención; cargos penales; derechos políticos	WGAD declara detención arbitraria; tribunal absuelve último cargo	ONU-WGAD; OHCHR; Amnistía
Norteamérica	EE. UU.: Steven Donziger	ONU-WGAD; tribunales federales	Desacato, detención domiciliaria; litigio corporativo	WGAD concluye detención arbitraria	WGAD
Norteamérica	EE. UU.: Energy Transfer v. Greenpeace	Cortes ND (federal/estatal); AP/Guardian	RICO/defamación; daños millonarios; debate SLAPP	Federal desestima RICO (2019); jurado condena (2025); juez reduce cuantía (2025)	Climate Case Chart; AP
Norteamérica	Canadá: Wet’suwet’en / Coastal GasLink	BCSC; RCMP; CERD-ONU; Amnistía	Injunction; desacato criminal; estándares FPIC	Injunction 2019; controversias por criminalización y observación internacional	BCSC; CERD/Amnistía

América Latina

Brasil: Operación Lava Jato y el caso Lula da Silva

Contexto. La operación Lava Jato fue un ciclo de investigaciones por corrupción con enorme impacto político. En el campo del debate sobre lawfare, el punto decisivo no es la existencia de corrupción como fenómeno, sino la regularidad procesal y la imparcialidad del juzgador.

Actores. Supremo Tribunal Federal (STF), juez Sergio Moro (13ª Vara Federal de Curitiba), fiscalía y fuerzas de tarea; defensa; y órganos internacionales de derechos humanos.

Instrumentos legales. Competencia/juez natural; imparcialidad; garantías de privacidad; derechos políticos (elegibilidad).

Cronología mínima verificable.

2021: el STF informa que su Plenario confirmó la anulación de condenas de Lula al rechazar recurso de la PGR y sostener que el juzgado de Curitiba era incompetente para esos casos.
2021: el STF mantuvo la decisión que declaró la sospeición (parcialidad) de Sergio Moro en el caso del “tríplex”.
2022: el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la investigación y persecución penal violaron el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, el derecho a la privacidad y los derechos políticos.

Evidencia disponible. La evidencia institucional más robusta es el conjunto de decisiones del STF (competencia e imparcialidad) y la decisión del Comité de Derechos Humanos sobre garantías del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Consecuencias políticas. La anulación y la discusión sobre imparcialidad impactaron la elegibilidad y la legitimidad pública de los procesos, convirtiéndose en un caso de referencia global en el debate sobre lawfare y judicialización de la política.

Lecciones. Cuando órganos máximos internos e internacionales concluyen violaciones de imparcialidad y derechos políticos, el caso muestra cómo defectos de diseño institucional (competencia, juez natural) y conductas de parcialidad pueden convertir un proceso penal en un vector de crisis democrática.

Argentina: causa “Vialidad” y condena de Cristina Fernández de Kirchner (CFK)

Contexto. Investigación y juicio por irregularidades en obra pública (51 licitaciones) con impacto directo en la continuidad político-electoral de una figura central.

Actores. Tribunal Oral Federal N.º 2, Cámara Federal de Casación, Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Instrumentos legales. Delito de administración fraudulenta y inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos (efecto político directo).

Cronología mínima verificable.

SAIJ registra la sentencia y su objeto (condena a 6 años e inhabilitación perpetua en el marco de “Causa Vialidad”).
Pensamiento Penal documenta que la CSJN desestimó la queja de la defensa y dejó firme la condena impuesta por el TOF y confirmada por Casación.

Evidencia disponible. La base institucional es la trazabilidad de decisiones judiciales (TOF → Casación → CSJN).

Consecuencias políticas. La inhabilitación perpetua transforma el proceso penal en un hecho de ingeniería del campo político, incluso si la condena fuese jurídicamente correcta: el efecto sobre competencia electoral es estructural y alimenta denuncias de lawfare por parte de sectores políticos y académicos (sin que ello sea, por sí mismo, prueba de irregularidad).

Lecciones. En estos casos, el análisis serio exige separar: (i) prueba y motivación judicial, (ii) garantías del proceso y estándares de imparcialidad, y (iii) impacto político. La mera magnitud del impacto no prueba lawfare, pero sí eleva el umbral de exigencia de transparencia y garantías.

Ecuador: caso “Sobornos 2012–2016” y Rafael Correa

Contexto. Proceso penal de alto contenido político con derivaciones sobre participación electoral y disputas de legitimidad institucional.

Actores. Corte Nacional de Justicia (CNJ), Procuraduría, Fiscalía, y observadores/organizaciones.

Instrumentos legales. Delito de cohecho (según estructura del caso), medidas de reparación, ejecución y embargos derivados de la sentencia. La CNJ informó sobre disposiciones de reparación integral (publicación de ratio decidendi, entre otras medidas) en el marco del caso Sobornos.
La Procuraduría reportó gestiones de ejecución forzosa y embargo de cuentas bancarias de sentenciados.

Cronología mínima verificable. CNJ registra decisiones y medidas; y órganos estatales reportan ejecución.

Evidencia disponible. Documentación oficial de la CNJ y de la Procuraduría; además de la existencia de debate público sobre independencia judicial en Ecuador.

Consecuencias políticas. El caso es citado en debates regionales sobre lawfare por su impacto en liderazgo político y por controversias sobre independencia del sistema judicial (tema estructural recurrente en la región).

Lecciones. La prevención del lawfare político-interno exige sistemas disciplinarios y de nombramientos judiciales resistentes a presiones, y garantías efectivas de imparcialidad conforme a estándares internacionales.

Europa

Turquía: Osman Kavala y la ejecución de sentencias del TEDH

Contexto. Caso emblemático europeo de presunta persecución y detención con trasfondo político, con implicaciones de cumplimiento internacional.

Actores. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH/ECHR), Comité de Ministros del Consejo de Europa, autoridades turcas.

Instrumentos legales. Artículos de la Convención Europea (libertad personal y garantías), y mecanismo de supervisión/ejecución del Artículo 46.

Cronología mínima verificable.

El TEDH registra el caso Kavala v. Turkey (HUDOC).
El Consejo de Europa informó que el Comité de Ministros remitió el caso al TEDH bajo el procedimiento del Artículo 46.4 ante la disputa sobre cumplimiento, recordando la obligación estatal de implementar sentencias.

Evidencia y consecuencias. La activación del mecanismo de incumplimiento es una señal grave de crisis de Estado de Derecho: traslada el conflicto desde “un caso individual” a una disputa institucional sobre obediencia al sistema europeo de derechos humanos.

Lecciones. El lawfare en clave autoritaria suele sustentarse en detenciones prolongadas y recaracterización penal flexible, y su contención pasa por mecanismos supranacionales de ejecución y presión diplomática/jurídica.

Turquía: Selahattin Demirtaş (No.2)

Contexto. Detención y procesos contra un actor político opositor, con alegaciones de motivación política.

Instrumentos y evidencia. El TEDH documenta los hechos relevantes y el estatuto político del solicitante en Selahattin Demirtaş v. Turkey (No. 2).

Lecciones. Un indicador recurrente de lawfare político-interno es la incapacitación electoral por detención, lo cual puede vulnerar derechos políticos y alterar competencia democrática.

Polonia: régimen disciplinario de jueces y control político del poder judicial

Contexto. Reforma judicial con disputa abierta entre instituciones europeas y el Estado, especialmente por el uso del régimen disciplinario para condicionar jueces.

Actores. Tribunal de Justicia de la UE (TJUE/CJEU), Comisión Europea, instituciones polacas (Cámara Disciplinaria).

Instrumentos legales.

En el caso C‑791/19, el TJUE declaró que el régimen disciplinario aplicable a jueces vulneraba obligaciones de independencia judicial (según el texto del caso y su resumen oficial).
En C‑204/21 (medidas provisionales), se impuso una multa coercitiva diaria para incentivar cumplimiento.
La Comisión Europea resumió que el TJUE concluyó que el régimen disciplinario “no es compatible con el Derecho de la UE” y que “socava la independencia judicial”.

Consecuencias políticas. La disputa con la UE transformó la reforma judicial en un conflicto de gobernanza supranacional, con consecuencias presupuestarias y de legitimidad europea.

Lecciones. Aquí el lawfare no se expresa como “persecución a un líder opositor” sino como uso de arquitectura disciplinaria para controlar el contenido de decisiones: una forma de “lawfare institucional” contra la independencia judicial.

África

Kenia: casos ante la Corte Penal Internacional (Kenyatta; Ruto & Sang)

Contexto. Judicialización internacional de violencia postelectoral y disputa política interna e internacional sobre legitimidad y cooperación.

Actores. CPI-ICC, Fiscalía, acusados (Uhuru Kenyatta; William Ruto; Joshua Sang).

Instrumentos. Procedimiento penal internacional (Estatuto de Roma), confirmación/retirada de cargos, terminación del caso.

Cronología y evidencia institucional.

La CPI registra la decisión sobre la retirada de cargos contra Kenyatta (Trial Chamber V(b), 13 marzo 2015) y el aviso de retiro de diciembre de 2014.
La CPI informa que el caso Ruto & Sang fue terminado por la Sala V(A) el 5 abril 2016.

Consecuencias políticas. Estos procedimientos muestran cómo el Derecho penal internacional puede operar como arena de disputa: (i) para víctimas, vía de justicia; (ii) para gobiernos/élites, potencial narrativa de persecución externa o “instrumentalización”. El informe no presume una u otra; constata el carácter políticamente explosivo de la judicialización internacional.

Lecciones. En clave de lawfare geopolítico, el caso enseña que la eficacia del Derecho como “arma” depende de cooperación probatoria, protección de testigos y consistencia institucional; sin ello, el proceso puede colapsar, alimentando narrativas contrapuestas.

Egipto: Caso 173/2011 (“foreign funding case”) contra sociedad civil

Contexto. Criminalización prolongada de organizaciones y defensores de derechos humanos mediante investigación penal por financiamiento extranjero.

Actores. Poder judicial/investigación, ONG (incluyendo EIPR), Amnistía y otras organizaciones.

Instrumentos legales. Investigaciones penales, prohibiciones de viaje, congelamiento de activos; condenas y reaperturas.

Evidencia y cronología.

EIPR documenta que en 2013 un tribunal penal de El Cairo condenó a 43 trabajadores de ONG (penas 1–5 años) en el marco del caso.
Amnistía informó que, tras 13 años de investigaciones, en marzo de 2024 las autoridades anunciaron el cierre del Caso 173/2011, aunque persistían restricciones para algunas personas (p. ej., prohibiciones de viaje).

Consecuencias políticas y de derechos humanos. El efecto típico de este patrón es un “apagón cívico”: disuasión de asociación, autocensura y debilitamiento del control social sobre el poder.

Lecciones. El indicador central de lawfare contra sociedad civil es la duración anómala y la persistencia de medidas restrictivas (viajes, activos) aunque el caso se anuncie cerrado o sin prueba sólida.

Sudáfrica: “Stalingrad strategy” en el caso Zuma

Contexto. Debates sobre abuso del proceso y dilaciones como forma de “guerra jurídica” defensiva: el uso intensivo de incidentes y recursos para postergar rendición de cuentas.

Evidencia. Fuentes jurídicas sudafricanas describen la denominada “Stalingrad strategy” como táctica de litigación repetida para demorar un juicio, con reacciones de fiscalía y análisis académico sobre abuso del proceso.

Lecciones. Este caso ilustra una variante crucial: lawfare no solo puede ser ofensivo (Estado contra opositor), sino también defensivo (imputado poderoso usando el proceso para impedir que el proceso avance). Esto obliga a incluir, como estrategia preventiva, reglas y prácticas contra abusos procesales sin sacrificar el debido proceso.

Asia

Hong Kong: seguridad nacional y criminalización expansiva

Contexto. Tras protestas masivas, se consolidó un régimen de seguridad nacional con impacto sobre oposición política, prensa y sociedad civil.

Actores. Autoridades de Hong Kong/China; ONU (OHCHR).

Instrumentos legales.

Reglas de implementación del Artículo 43: habilitan medidas como búsqueda de dispositivos, restricción de salida mediante entrega de documentos, congelamiento/confiscación de bienes, exigencias a editores/plataformas y vigilancia encubierta con aprobación del Chief Executive.
OHCHR expresó preocupación por el uso reciente de leyes de seguridad nacional, señalando el impacto sobre derechos.

Consecuencias. Cuando el Derecho de seguridad nacional opera con definiciones amplias y medidas invasivas, el riesgo de lawfare se manifiesta como “chilling effect”: la ley se convierte en mecanismo de gobierno mediante temor al proceso.

Lecciones. Indicador esencial: asimetría extrema entre poder estatal de investigación y capacidad de defensa, especialmente cuando se combinan delitos amplios con medidas patrimoniales y de movilidad.

India: suspensión de la sedición y controversia por uso de UAPA

Contexto. Persistente debate sobre criminalización de la disidencia mediante delitos heredados (sedición) y legislación antiterrorista (UAPA).

Actores. Corte Suprema de India, agencias investigativas (NIA), organizaciones de derechos humanos.

Instrumentos legales y evidencia.

Amnistía documentó que el 11 de mayo de 2022 la Corte Suprema ordenó mantener en suspenso la sección 124A del IPC (sedición) mientras se reconsideraba.
Human Rights Watch advirtió sobre el uso de UAPA para arrestos y detenciones arbitrarias de defensores, activistas y críticos.
Amnistía reseñó arrestos de activistas y cargos bajo UAPA en un contexto de “crackdown on dissent”.

Lecciones. La suspensión de sedición muestra que un Estado puede reducir riesgo de lawfare revisando delitos de formulación abierta; pero la persistencia de UAPA como herramienta intensiva genera un “desplazamiento del riesgo” hacia el derecho antiterrorista.

Filipinas: Leila de Lima (detención y absolución)

Contexto. Senadora y defensora de derechos humanos, crítica de la “guerra contra las drogas”, detenida y procesada durante años.

Actores. Tribunales filipinos; ONU (Working Group on Arbitrary Detention); OHCHR; ONGs.

Instrumentos y cronología verificable.

Opinión del WGAD (ONU): el documento A/HRC/WGAD/2018/61 recoge la Opinión No. 61/2018 sobre De Lima.
OHCHR (2023) señaló que expertos de la ONU y el WGAD (2018) consideraron que la detención y cargos eran likely politically motivated y forma de represalia por su crítica.
En junio de 2024, Amnistía informó que un tribunal (Muntinlupa RTC Branch 206) absolvió a De Lima del tercer y último cargo.

Consecuencias. Este caso es paradigmático porque un órgano de la ONU calificó la detención como arbitraria y vinculó el proceso a represalia política, proporcionando un anclaje institucional fuerte para el marco lawfare.

Lecciones. Indicadores: (i) duración prolongada de detención previa o restricciones, (ii) dependencia probatoria de testimonios disputados, (iii) efecto de neutralización política, y (iv) pronunciamientos internacionales sobre arbitrariedad.

Norteamérica

Estados Unidos: Steven Donziger (litigio corporativo y detención)

Contexto. Litigación transnacional por daños ambientales (Ecuador) derivó en procesos en EE. UU. con altos componentes de conflicto corporativo-jurídico.

Actores. Tribunales federales de EE. UU.; ONU-WGAD; organizaciones de derechos humanos.

Instrumentos y evidencia primaria.

Opinión No. 24/2021 del WGAD (A/HRC/WGAD/2021/24) concluye sobre el caso Donziger.
Amnistía exigió implementar la decisión de la ONU, indicando que el WGAD determinó que la privación de libertad fue arbitraria y violatoria de garantías de juicio justo.

Consecuencias. Este caso ilustra una variante de lawfare corporativo: el Derecho se convierte en un campo de desgaste, donde medidas de detención/restricción y litigios prolongados funcionan como sanción en sí mismos, independientemente del resultado final.

Lecciones. La protección frente a lawfare corporativo requiere estándares robustos de proporcionalidad en medidas restrictivas y marcos antiabusos (incluyendo anti-SLAPP cuando corresponda).

Estados Unidos: Energy Transfer v. Greenpeace (SLAPP, difamación, RICO)

Contexto. Conflicto por protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL) y litigio millonario contra organizaciones ambientales.

Actores. Energy Transfer; entidades Greenpeace; tribunales de Dakota del Norte.

Instrumentos y cronología verificable.

Una corte federal de Dakota del Norte desestimó reclamaciones RICO (2019).
En marzo de 2025, un jurado estatal otorgó alrededor de 667 millones USD contra Greenpeace; posteriormente, un juez redujo la condena a 345 millones USD (AP).

Debate probatorio (importante). La calificación “SLAPP” es disputada: Greenpeace la sostiene como demanda intimidatoria; otros análisis argumentan que el veredicto indicaría mérito. El informe se limita a constatar la estructura: litigio de alto costo y potencial efecto disuasorio sobre protesta/expresión.

Lecciones. Señal clave: elección de foro (p. ej., jurisdicciones con débiles protecciones anti-SLAPP) y cuantías indemnizatorias con capacidad de asfixia reputacional/financiera.

Canadá: Wet’suwet’en, injunctions y criminalización por desacato

Contexto. Conflicto entre proyecto gasífero (Coastal GasLink), autoridades y defensores indígenas de territorio no cedido (Wet’suwet’en); uso intensivo de órdenes judiciales (injunctions) y procedimientos por desacato.

Actores. Corte Suprema de Columbia Británica (BCSC), RCMP, defensores Wet’suwet’en, ONU (CERD), Amnistía.

Instrumentos y evidencia primaria.

La BCSC otorgó una interlocutory injunction el 31 de diciembre de 2019 (documento judicial que describe partes y fundamentos).
Amnistía Canadá reportó arrestos vinculados a la aplicación de la orden, condenas por desacato y alegaciones de violaciones de derechos durante arrestos.
Existe documentación pública sobre cartas del CERD (ONU) expresando preocupaciones por la situación de comunidades Wet’suwet’en/Secwepemc en relación con proyectos (incluyendo Coastal GasLink).

Consecuencias. El patrón muestra lawfare como herramienta de “gobernanza del conflicto”: la injunction desplaza la controversia de título/consentimiento hacia el terreno de “cumplimiento inmediato” y, al combinarse con desacato penal, puede producir neutralización de protesta.

Lecciones. En conflictos de tierras y protesta, el indicador clave es cuándo una injunction y su enforcement sustituyen el debate de fondo sobre derechos colectivos, generando un circuito de criminalización.

Impactos sistémicos, indicadores y estrategias de prevención y respuesta

Impacto en derechos humanos, separación de poderes y Estado de Derecho

Derecho al debido proceso e imparcialidad. El artículo 14 del PIDCP exige tribunal competente, independiente e imparcial; y las Bases ONU sobre independencia judicial obligan a proteger a la judicatura de presiones e interferencias.
Casos como Lula (ONU-CDH) y De Lima (WGAD) muestran cómo órganos internacionales pueden concluir violaciones de imparcialidad o arbitrariedad cuando el sistema se percibe instrumentalizado.

Derechos políticos y participación. Procesos penales o medidas cautelares que generan inelegibilidad o imposibilidad fáctica de competir tienen impacto estructural: de Lula (derechos políticos señalados por ONU) a Demirtaş (detención de líder político).

Libertad de expresión, asociación y protesta. En lawfare corporativo o de seguridad nacional, la amenaza es el “enfriamiento” del debate público: (i) Hong Kong y su uso de leyes de seguridad nacional; (ii) SLAPP/mega-litigation contra ONGs; (iii) persecución de ONGs en Egipto.

Separación de poderes. El lawfare prospera cuando (i) el Ejecutivo captura o presiona al Judicial, o (ii) el Judicial se politiza y actúa como “actor de gobierno”. Los estándares ONU e IACHR subrayan obligaciones de protección institucional para evitarlo.

Indicadores y señales de lawfare (heurística operativa)

Los siguientes indicadores no son “prueba” por sí solos, pero sí señales de alerta útiles para auditoría institucional:

Selección/heterogeneidad anómala: concentración en ciertos adversarios con baja simetría respecto de casos comparables (selectividad).
Foro y competencia: desviación del juez natural/competencia (o “forum shopping”).
Imparcialidad comprometida: conflictos de interés, coordinación indebida, o declaraciones de parcialidad por órganos competentes.
Medidas cautelares desproporcionadas: prisión preventiva prolongada, restricciones de movilidad y activos con finalidad punitiva anticipada.
Delitos vagos/seguridad nacional: tipificaciones abiertas con alto margen discrecional (sedición, subversión, “terrorismo” expansivo).
Guerra de desgaste procesal: dilaciones estratégicas (ofensivas o defensivas) que convierten el proceso en castigo.
Dimensión mediática: filtraciones, condena social previa, estigmatización y presión pública sistemática.

Gráfico descriptivo de la muestra: instrumentos más frecuentes

El siguiente gráfico no es estadística universal; refleja únicamente la frecuencia de aparición por tipo de instrumento en los 15 casos de la muestra.

31%23%13%10%10%8%5%Instrumentos jurídicos más citados en la muestra (n=15 casos; conteo por presencia)Procesos penales / condena o imputaciónDetención / prisión preventiva / restricciones personalesInhabilitación / afectación directa de derechos políticosSeguridad nacional / antiterror (marcos especiales)Medidas patrimoniales (embargos, congelamientos, daños)Injunctions / desacato / contemptDisciplina judicial (control de jueces)

Estrategias de prevención y respuesta

Reformas legales (nivel normativo).

Prisión preventiva: reglas estrictas de excepcionalidad, plazos y motivación reforzada, con revisión periódica (reduce uso punitivo anticipado).
Delitos de seguridad nacional o sedición: revisión de tipos penales vagos y control judicial robusto; la suspensión de sedición en India muestra una vía institucional de contención temporal.
Anti-SLAPP: fortalecer defensas tempranas contra litigios intimidatorios y mecanismos de costas/sanciones por abuso (relevante en litigios como Energy Transfer v Greenpeace).
Transparencia de asignación de causas: criterios objetivos para reparto, recusación y prevención de “juez a medida”.

Prácticas judiciales y del Ministerio Público (nivel operativo).

Protocolos de integridad y conflicto de interés; control de filtraciones; estándares probatorios claros; protección del derecho de defensa.
Gestión activa contra abuso del proceso: evitar que la dilación sea estrategia impune (sin sacrificar garantías), particularmente en lawfare defensivo.

Diplomacia y política internacional (nivel externo).

Mecanismos regionales y universales: TEDH, TJUE, Comités ONU (WGAD/CDH), y órganos de la OEA pueden elevar costos reputacionales del incumplimiento y crear vías de protección.

Sociedad civil y prensa (nivel social).

Observatorios de independencia judicial; auditorías de procesos; acompañamiento y asistencia legal; monitoreo de “casos testigo” (como los vinculados a defensores de derechos o indígenas).

Limitaciones de la investigación y áreas para investigación futura

Este informe presenta limitaciones relevantes:

Limitación de concepto. Lawfare carece de definición jurídica universal; su uso es disputado y puede operar como etiqueta política. Por ello, el informe lo trata como hipótesis de análisis y no como fallo.

Limitación de evidencia. En varias controversias (p. ej., casos de corrupción), parte de la evidencia crítica puede estar protegida por secreto sumarial o no estar públicamente disponible. Ello impone prudencia para afirmar motivaciones.

Limitación de equilibrio. En procesos penales de alto perfil, coexisten (i) riesgos reales de persecución política y (ii) riesgos reales de corrupción/impunidad. La investigación futura debe incorporar métricas comparables de selectividad y benchmarks procesales.

Agenda futura de investigación.

Construcción de índices operativos de señales de lawfare (duración de cautelares, tasas de revocación por órganos superiores, patrones de forum shopping, sanciones disciplinarias a jueces).
Estudio de lawfare en economía política internacional (sanciones, litigios transnacionales, arbitraje/inversiones) con enfoque empírico.
Mapeo de ecosistemas mediático-judiciales (filtraciones, campañas coordinadas) sin caer en especulaciones no probadas.

Bibliografía y fuentes priorizadas

Fuentes primarias y cuasi-primarias (normativas y decisiones)

Dunlap, Charles J. (2001). Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts (definición militar de lawfare).
Lawfare; New Trajectories in Law (definición polisémica y origen 1975).
ONU, Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985).
STF (Brasil): anulación por incompetencia y sospeición de Moro (noticias oficiales).
Comité de Derechos Humanos (ONU): comunicado sobre violaciones en el proceso contra Lula.
CSJN/SAIJ/Pensamiento Penal: decisiones sobre “Causa Vialidad”.
CNJ y Procuraduría (Ecuador): información oficial del caso “Sobornos”.
TEDH (HUDOC): Kavala v. Turkey; Demirtaş v. Turkey (No.2).
Consejo de Europa: procedimiento de infracción por ejecución en caso Kavala.
TJUE/Comisión Europea: C‑791/19; C‑204/21 (régimen disciplinario Polonia).
CPI-ICC: decisiones y hojas informativas (Kenyatta; Ruto & Sang).
Hong Kong: Reglas de implementación del Art. 43 (NSL).
OHCHR: preocupación por aplicación de leyes de seguridad nacional en Hong Kong.
ONU-WGAD: Opinión 61/2018 (De Lima) y Opinión 24/2021 (Donziger).
BCSC: Coastal GasLink Pipeline Ltd. v. Huson (injunction 2019).

Informes de ONGs y organismos internacionales

Amnistía Internacional: Egipto Caso 173; Filipinas De Lima; India sedición/UAPA; Canadá Wet’suwet’en.
Human Rights Watch: India (uso de UAPA); Turquía (Rule 9.2 Kavala).
IACHR/OEA: Guarantees for the Independence of Justice Operators (2013).

Prensa de referencia y recursos de seguimiento de litigios

AP/El País/Guardian, para confirmación cronológica de veredictos y decisiones recientes en casos de alto perfil (p. ej., Greenpeace; CFK).
Climate Case Chart (seguimiento académico de litigios climáticos/estratégicos).

Obras y notas de contexto histórico del término

Carlson & Yeomans (texto histórico sobre mediación, 1975; versión accesible).
Texto analítico en IDEES sobre origen y expansión del término (referencias a 1975/1999/2001).
Collins/Cambridge (definiciones léxicas contemporáneas).